La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Comisión de Búsqueda de Personas del Gobierno del Estado de Puebla, no comprobó supuestos cursos que se debieron impartir en los 217 municipios, y para los que pidió recursos a la federación, por 3.5 millones de pesos.

Asimismo, tampoco comprobó ante la ASF, la decisión para hacer la adjudicación directa de ocho contratos para diferentes adquisiciones, sin haber hecho un concurso (licitación) para elegir al mejor proveedor.

Como parte de la segunda entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la ASF analizó la ejecución de recursos asignados a la atención de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el país. Se detectó que los estados de Puebla y Baja California tuvieron deficiencias notorias en el ejercicio del gasto en este rubro tan sensible.

En el caso de Puebla, de los subsidios que envió la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas hacia la Comisión de Búsqueda de Personas del Gobierno del Estado de Puebla, derivó la compra de bienes y servicios. Específicamente, 8 contratos se hicieron mediante adjudicación directa, sin que hubiera una justificación para evitar someter las compras a concurso.

“No se acreditó el nexo causal directo entre el caso fortuito o la fuerza mayor, así como la imposibilidad o impedimento de la dependencia o entidad para obtener en el tiempo requerido los bienes y servicios mediante el procedimiento de licitación pública”, señala el documento de la ASF.

Las licitaciones se hacen para fomentar la competencia entre las empresas y buscar a los mejores proveedores que ofrezcan calidad y precio. Siempre que cumplan con los requisitos solicitados por el ente público, el concurso se abre a varias personas físicas y morales. En cambio, las adjudicaciones directas pueden relacionarse con discrecionalidad, pues se selecciona a un proveedor –o hasta a 3- sin la posibilidad de que otros no propuestos por la autoridad se postulen.