El cuarto punto del orden del día del citatorio dirigido al Consejo Universitario para sesionar el 4 de agosto pone a consideración el dictamen emitido por la Comisión Estatutaria de Legislación con relación al escrito enviado por el Grupo de Enlace y Seguimiento respecto al proceso de elección para el nombramiento de Rector o Rectora de la BUAP para el período 2021-2025. Sin embargo, este Consejo ya no tiene competencia para tomar ningún acuerdo.

Hasta ahora y debido a la pandemia, el Consejo Universitario tomó los acuerdos necesarios para normalizar la elección de las autoridades personales y colegiadas de la universidad: se eligieron 27 direcciones de unidad académica, se renovaron los consejos de docencia y de extensión y se eligieron los 43 consejos de unidad académica. Estas elecciones se hicieron atendiendo a los períodos en que terminaban sus distintos mandatos. Ahora corresponde renovar al Consejo Universitario, pues en marzo de este año cumplió con sus dos años de gestión.

Lo que procede es cumplir con el artículo 43 del Estatuto Orgánico que a la letra dice “Las elecciones de consejeros representantes de miembros del personal académico, alumnos y trabajadores no académicos se efectuarán cada dos años y por separado, previa convocatoria que emitirá el rector por lo menos con un mes de anticipación. El secretario del consejo universitario será el responsable del proceso electoral.”

El consejo universitario saliente ya está “incapacitado” para tomar acuerdos. Ya no tiene la competencia y cualquier acto que realice es nulo de pleno derecho. Por ejemplo, sería totalmente absurdo e improcedente que, para darle apariencia de legalidad a sus acciones, un organismo como éste pretendiera autoprorrogar su mandato para seguir decidiendo sobre cualquier aspecto de la vida universitaria, incluido obviamente el proceso de elección de la rectoría de la institución.

La lógica jurídica es implacable. Este consejo universitario que inició su período en marzo de 2019 sólo puede renovarse. Ya no puede tomar decisiones, de ningún tipo, pues éstas carecen del fundamento legal que lo acredita como el máximo órgano colegiado de gobierno de la universidad. Lo mismo sucede con todas las comisiones que de él emanan. Ya no están vigentes. Su mandato ha terminado.