Debido a que el gobierno estatal ya autorizó reuniones sociales, además de permitir actos políticos con participación numerosa de personas, un grupo de representantes de bares, antros y otros negocios llamados “de la vida nocturna” pidieron que se les permita la reapertura, pues hay entre 100 mil y 150 mil personas del giro que permanecen sin empleo.

Comentaron que, además del desempleo que se genera por impedir que este sector reanude sus actividades, es injusto que no se actúe contra establecimientos que ofrecen fiestas clandestinas y que carecen de todas las medidas sanitarias. Ejemplificaron 2 sitios ubicados en las inmediaciones del Barrio de Santiago, uno llamado Canchanchara (cerca de Chedraui) y otro de la 11 Sur y 15 Poniente (1502), que -afirman- operan en total libertad.

En rueda de prensa, Francisco Pozos, Leopoldo Calderón y Guillermo Méndez, entre otros integrantes de la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna de Puebla, reconocieron que es una incongruencia que haya eventos multitudinarios, fiestas clandestinas y venta de alcohol en otros negocios, mientras su sector -que paga impuestos- se mantiene en pausa.

Dijeron que, decenas de negocios han cerrado sus puertas -al menos 60-, lo que representa que meseros, cantineros, personal de limpieza y de seguridad, se mantenga sin un empleo u ocupándose, de manera temporal, en actividades dentro de la informalidad.

AYUNTAMIENTOS NO MUESTRAN SOLIDARIDAD EN LA CONTINGENCIA

Una de las quejas de estos empresarios es que, tanto los ayuntamientos de Puebla, como de San Pedro y San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango, entre otros, se han mantenido renuentes a exentarlos del pago de refrendo de licencia de funcionamiento, pese a que cerraron sus negocios desde marzo del 2020.

En algunos casos, estos negocios pagan 240 mil pesos por el trámite de refrendo. Los empresarios dijeron que los ayuntamientos han amagado con clausurarles -una vez que abran- si no pagan su refrendo 2020-2021, aunque en ese periodo los negocios hayan estado cerrados.

Amén de ello, los negocios han tenido que cerrar por falta de solvencia para pago de renta, de servicios y de salarios.