El presidente de la Bolsa Inmobiliaria de Puebla, Ricardo Serrano Lizaola, opina.
La nueva Ley del Notariado de Puebla -aprobada por el Congreso el 2 de marzo- agudizará los problemas de burocracia en la realización trámites y escrituración que ya arrastra el estado de Puebla, pues de forma simplista se avaló el crecimiento en un cien por ciento el número de notarías, sin tomar en cuenta las implicaciones de operatividad de estas entidades públicas con el Gobierno del Estado.
El presidente de la Bolsa Inmobiliaria de Puebla, Ricardo Serrano Lizaola, puntualizó que en la elaboración de esta nueva legislación no se tomó en cuenta al Colegio de Notarios ni a organismos de profesionales que tienen relación directa con las notarías, y los argumentos para promulgarla son débiles.
El criterio de fijar una notaría por cada 20 mil habitantes dará por resultado que se duplique el número de dichas entidades, pues de 167 que actualmente hay en el estado de Puebla pasarán a ser, alrededor, de 324, que poco beneficiarán a los habitantes.
La lentitud en trámites notariales se localiza más en el gobierno estatal y no tanto en las notarías, pues corresponde al poder público legalizar los documentos respectivos. Sin embargo, priva la burocracia y no existe suficiente equipo humano y tecnológico para dar salida a los trámites, como puede ser la revisión de escrituras para evitar la inclusión de documentos apócrifos, ejemplificó.
Serrano Lizaloa señaló que, definitivamente, habrá más burocracia y si el objetivo era combatir la corrupción en el notariado de Puebla, el gobierno con base en la ley podía combatirla si atentar contra la administración y el propio ejercicio de las notarías.
Los integrantes del Congreso de Puebla, al votar esta nueva legislación, olvidaron que se deben a la ciudadanía y no al Ejecutivo, pues se afectan los derechos de los ciudadanos en general.
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